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OAXACA  

Más afrentas para Ruiz Ortiz

Ixtli Martínez / Fotos: Alicia Huerta
Contrario al ambiente de paz y armonía que presume la administración del gobernador Ulises Ruiz en los medios de comunicación, nuevos conflictos se suman al hartazgo social.

 

 

 


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El Gobierno de Oaxaca intenta desactivar el conflicto levantado por la presencia de taxis piratas, para evitar que confluya con las manifestaciones de la Sección 22 del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) anunciadas para mayo. Además, para que no influya en el proceso electoral de agosto y octubre, cuando se elegirán diputados y presidentes municipales, respectivamente.

El titular de la Coordinación del Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón, informó que han mantenido mesas de trabajo “intensas y respetuosas” con 30 organizaciones que aglutinan a unos 14 mil taxistas en todo el estado, y que exigen la cancelación de los taxis piratas que circulan el la entidad.

“Evitaremos que se contamine el movimiento de los taxistas, para que (la APPO y los maestros) no vengan a trastocar lo que ya hemos hecho durante varias semanas en las mesas de negociación; vamos a desactivar esos focos rojos que en algún momento se pudiera contaminar con otro movimiento”, indicó Ruiz Cerón.

Durante abril el gobierno programó más de veinte mesas de trabajo para ganarle al tiempo y así, disminuir la posibilidad de manifestaciones por parte de ese gremio. También, a las autoridades estatales les interesa que los taxistas no amaguen “de alguna manera en el siguiente proceso electoral”

Entre las denuncias que hicieron los taxistas durante la administración del ex gobernador José Murat, fue que se entregaron miles de concesiones “piratas” a cambio de votos. Las autoridades aseguran que no se repetirán esos manejos en la administración de Ulises Ruiz.

Sin embargo, durante el cambio de gobierno de Oaxaca, en el 2004, el integrante de la comisión política estatal del Frente Amplio de Lucha Popular, Hugo Jarquín, denunció que la ex secretaria de Transporte, Aurora López Acevedo, había “autorizado alrededor de 17 mil concesiones en apoyo a Ulises Ruiz, conjuntamente con José Murat”.

Los afectados

Manuel Pérez Morales, líder de la Organización Democrática Insurgente (ODI), señaló que a Oaxaca lo representa un gobierno debilitado, después del conflicto político social, y que si Ulises Ruiz no soluciona el problema de los taxistas podría tener consecuencias políticas.

“Yo tengo esa impresión que nada más está queriendo dorar la píldora. Sólo dice ven vamos a corregir las rutas a ver que no haya pirataje, pero hay un sector grandísimo que está de manera irregular”, acusa Pérez Morales.

El líder de la ODI no descarta la influencia que tendrá el conflicto en el proceso electoral, pues dice que de no resolverse a tiempo “va a ver consecuencias, mucha gente va a reflexionar, a defender su forma de vida a través de un proyecto distinto de gobierno”, dijo.

El representantes de 2 mil trabajadores del volante, enfatizó en que el gobierno de Ruiz, esta “temeroso a perder la conducción del Estado, tiene miedo de tomar decisiones. Temen que gremios tan grandes como el de los transportistas influyan en una decisión y a perder la mayoría del congreso”, dijo.

Lo anterior significaría, si es que la oposición mantiene su discurso, la destitución de Ulises Ruiz.

Grupos de choque

En abril fue creado el Consejo Estatal de Ciudadanos en el Estado de Oaxaca, que aglutinan a tres organizaciones de taxistas: la Federación de Organizaciones Rurales de Oaxaca (Foro), la Federación de Presidentes y Concesión de Taxistas del Valle de Etla y la Federación Independiente de Taxistas del Estado de Oaxaca (Fiteo).

Según Agustín Vale Martínez, representante de Foro, se aglutinaron porque no están de acuerdo con los bloqueos realizados por la organización que encabeza Cristóbal Mendoza, y aunque niegan ser un grupo de choque respaldado por Ulises Ruiz, aseguran que defenderán el estado de derecho.

Estas organizaciones aseguran que el gobierno estatal, solucionará y sacará a los taxis piratas “eso nos prometió (el gobernador) y nos dio mucha felicidad que nos haya recibido y escuchado nuestras peticiones”, señaló Vale Martínez.

Entre los acuerdos que les prometió Ruiz Ortiz, es que líderes de otras organizaciones no “usurparán” funciones con el pretexto de revisar los expedientes de los trabajadores del transporte.

“No se vale que gente ajena tenga que usurpar funciones, para eso hay secretarías y nos preocupa mucho por que violente el estado de derecho. Desgraciadamente Cristóbal Mendoza, que no sé en carácter de qué los está revisando”. Agregó que respetarán el proceso electoral, pero si no se cumplen las promesas no descartan realizar bloqueos.

En tanto, la Unión de Organizaciones de Taxistas del Estado de Oaxaca, que encabeza Cristóbal Mendoza, informó que han revisado más de 200 expedientes en coordinación con la Contraloría del Estado, y han encontrado en la mayoría de esos documentos que la dirección de los taxistas no coincide, y que la tarjeta de circulación es distinta a la registrada en los expedientes, entre otras irregularidades.

La crisis por Murat

La exigencia de las organizaciones que existen en Oaxaca, es que el gobierno entregue los documentos para regularizar sus unidades de motor y saque de circulación a los taxis piratas.

El secretario de Gobierno, Manuel García Corpus, responsabilizó de la crisis entre el gremio a funcionarios de la administración del ex gobernador José Murat, que entregaron más de 15 mil concesiones con documentos falsificados, dijo.

Agregó que es “delicado el problema” y que además no se pudo solucionar con la detención de dos ex funcionarios.

El pasado 26 de marzo, en medio de las negociaciones con los taxistas que habían bloqueado los accesos a la ciudad, la policía del estado detuvo por segunda vez a Horacio Sainz y Eduardo Franco, ex funcionarios de la Coordinación del Transporte en la administración del ex gobernador José Murat, que trabajaban directamente con Aurora López Acevedo, ex secretaria de Transporte.

El Director de Tránsito, José Guzmán Santos, quien a realizado operativos para detener y encerrar en corralones a los “taxis piratas”, dijo que ha sido complicado el proceso de negociación y es que “todos quieren que se les regularice aún cuando tienen documentos apócrifos, sabemos que no es su culpa porque ellos confiaron en que las firmas de los documentos eran buenas”, dice el funcionario.

Movilizaciones

El 16 de marzo la Unión de Organizaciones de Taxistas del Estado de Oaxaca, sitiaron la capital y otras regiones de la entidad por más de 15 horas, para exigir a Ulises Ruiz que retire taxis irregulares que circulan en la ciudad y en el interior del estado.

Los taxistas bloquearon 12 cruceros principales de la capital, y realizaron 37 bloqueos más en diferentes regiones, también cerraron las carreteras a destinos turísticos como Puerto Escondido y carreteras de los municipios de Huajuapan y Miahuatlán.

Para el bloqueo de vialidades los trabajadores del volante movilizaron más de 8 mil taxis, informó el líder Cristóbal Mendoza García.

Durante las 15 horas que se mantuvo el bloqueo la circulación vial quedó prácticamente paralizada, incluso algunas líneas de camiones suspendieron el servicio porque no había manera de circular. Los habitantes tuvieron que trasladarse a sus distintas actividades a pie y muchos automovilistas quedaron varados entre los bloqueos.

Ésta ha sido la movilización más radical hasta el momento, auque un mes antes, taxistas del Frente de Organizaciones por el Rescate de Oaxaca, que fue creada durante el conflicto magisterial popular para apoyar a Ulises Ruiz, se revelaron contra él y secuestraron por varias horas a trabajadores de la Coordinación del Transporte (Cotran).

Más de 350 taxis y 150 camionetas de servicio de alquiler cerraron cinco cruceros principales de la ciudad. Los inconformes ese día denunciaron que al interior de la Cotran, “hay una grave corrupción al permitir la entrega de permisos irregulares”.

Advertencia

El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Valencia Arroyo, dijo que es necesario una nueva Ley del transporte así como cancelar las concesiones clonadas y recluir a los responsables que las entregaron, incluyendo al ex goberndor, José Murat, ya que de lo contrario existe el riesgo de un gran conflicto en el estado.

“Si bien es cierto que fueron detenidos dos de los culpables de este descarado y gigantesco ilícito, la verdad es que falta por detener a los dos principales responsables de que miles de taxis circulen sin placas y al amparo de concesiones clonadas. No basta pues con aplicar la justicia a quienes operaron este millonario fraude, es necesario aplicarla también, y con todo rigor, a quienes lo ordenaron”, señaló Valencia Arroyo. 

El dirigente estatal del PAN, a través de un comunicado, calificó como una bomba de tiempo las manifestaciones que han realizado los taxistas, ya que no faltará, dijo, quien quiera aprovechar ese conflicto para beneficios electorales.

“A las autoridades encargadas de la seguridad les recordamos las consecuencias que trajo la torpeza del fallido intento de desalojo el año pasado. Entonces, como hoy nos encontrábamos al inicio de un proceso electoral y no faltaría un PRD, un Convergencia ó una APPO que intenten echarle leña al fuego para obtener beneficios electorales, a costa de la economía del pueblo oaxaqueño”, advirtió.

Valencia Arroyo, indicó que es necesario reformar sobre una nueva Ley del transporte, que acote las facultades discrecionales con que las diferentes administraciones de gobierno del estado han dispuesto de las concesiones para pagar facturas políticas o para premiar a sus allegados.

El líder estatal del blanquiazul, advirtió que si el gobierno de Ulises Ruiz no desactiva este problema, con la aplicación estricta de la Ley, Oaxaca seguirá siendo un destino turístico bloqueado por los gobiernos de otros países que retrazará aún más la recuperación económica del estado.

Publicado: Año 3 / Abril de 2007 / No. 30



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