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OAXACA  

Recuento de daños

Ixtli Martínez / David Cilia, fotos
A un año de que estalló el conflicto magisterial en Oaxaca, los principales actores ya no figuran públicamente; las demandas políticas, económicas; y laborales no se han cumplido; los maestros de la Sección 22 continúan con el mismo salario y muchos no han podido regresar a sus escuelas; la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ya no realiza las movilizaciones masivas, y su principal adversario continúa en el gobierno.

 

 

 


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Pese a que el movimiento magisterial del 2006 en Oaxaca ha sido el conflicto más crítico en los 27 años de su historia, los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), no han obtenido respuesta a su demanda de rezonificación salarial, exigencia por la que el año pasado –como en los anteriores- inició un paro de labores y un plantón en el Centro Histórico.

Así fue el 22 de mayo, cuando más de 60 mil profesores encabezados por su líder Enrique Rueda Pacheco, instalaron sus campamentos en 48 las calles del Centro Histórico, para esperar una respuesta por parte de los gobiernos estatal y federal.

Por varias semanas los profesores permanecieron apostados en el corazón de la capital, como una más, la jornada de lucha ya conocida por todos los oaxaqueños, transcurría “normal”, sin embargo el 14 de junio, el gobernador Ulises Ruiz, ordenó desalojar el plantón.

A las 4:30 de la mañana mientras los profesores dormían, elementos de la policía preventiva, al mando en ese entonces del Director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, los uniformados utilizaron gas lacrimógeno para el desalojo.

Fueron cinco horas de enfrentamiento, sin embargo los policías fracasaron ya que los maestros de la Sección 22 se reforzaron con integrantes de organizaciones sociales y recuperaron el zócalo capitalino.

Enrique Rueda Pacheco, repudiaba a través de los medios de comunicación la acción ordenada por Ruiz, y desde ese día las demandas magisteriales quedaron a un lado y surgió la demanda política, que era la salida de Ulises Ruiz.

“A partir de este momento exigimos que el señor Ulises Ruiz deje el cargo, no hay condiciones para seguir negociando nuestras demandas”, señaló Rueda Pacheco.

A través del canal oficial, el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, declaraba que su intención no había sido “lastimarlos simplemente sacarlos de las calles del centro”.

Transcurrieron pocos días para que 250 organizaciones sociales constituyeran la APPO y que el sindicato magisterial se decidiera a formar parte de la organización. El representante de la asamblea popular, era Flavio Sosa Villavicencio.

El trabajo de la APPO rebasó a los maestros. La organización tomó 12 radiodifusoras comerciales, un canal de televisión, instaló más de 400 barricadas en calles, colonias y paralizó al gobierno de Ruiz a través de brigadas móviles, en resumen controló la capital del estado durante 5 meses.

Ulises Ruiz gobernó escondido desde hoteles, la ciudad de México, incluso desde el avión. La LIX legislatura del Congreso Local sesionaba en salones de fiestas y en casas particulares ya que los maestros y los integrantes de las organizaciones sociales mantenían tomadas los edificios de los tres poderes.

Flavio Sosa encabezó el movimiento desde el zócalo, bajo una carpa frente al ex palacio de Gobierno y es que ya comenzaban a reforzar su estructura, a través de voceros, de una comisión política y de seguridad.

Florentino López Martínez, Zenen Bravo Castellanos, Marcelino Coache Verano, César Mateos, la maestra Carmen, eran los integrantes que se mantenían al frente del movimiento social.

Mancuerna social 

La APPO y el magisterio desconocieron a Ulises Ruiz como gobernador de Oaxaca y se rehusaban a mantener un diálogo con él o los integrantes de su gabinete, llegaron a recabar firmas para iniciar un juicio político en contra del mandatario.

Y es que se registraron asesinatos en las barricadas, así como en las radiodifusoras tomadas por los inconformes, balaceras en las calles del centro y en municipios conurbados.

“Se gesta en Oaxaca la revolución del siglo XXI, el clamor de todo el pueblo, de que Ulises Ruiz Ortiz, se vaya de nuestro estado, junto con todos sus cómplices; ha tomado un rumbo en la lucha callejera

“Vamos a estar entregando el expediente jurídico al Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores donde están sesionando para que ya demos los primeros pasos para exigir el desafuero de Ulises Ruiz Ortiz y su salida. Ya hay fundamentos, se está soportando jurídicamente, los compañeros de esta secretaría están trabajando en ello”, anunciaba Rueda Pacheco.

Ante el desconocimiento de Ruiz, intervinieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación para intentar destrabar el conflicto, las negociaciones se realizaban en la capital del país y unas más en Oaxaca.

Sin embargo no había avances significativos, los enfrentamientos continuaban así como las marchas en donde lograban aglutinar más de cien mil manifestantes, todos coincidían en seguir con el movimiento hasta la caída de gobernador oaxaqueño.

Cada marcha, la encabezaba Enrique Rueda, Flavio Sosa y todos los representantes de la comisión política de los maestros así como la dirigencia de la APPO.   “¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!”, era la consigna principal en las manifestaciones

Durante 5 meses de conflicto el número de muertos del magisterio y de la APPO incrementó. Mientras, las autoridades minimizaban los homicidios y hasta la muerte del periodista de Indymedia Brad Will, quien fue asesinado mientras cubría el enfrentamiento entre policías y militantes de la APPO.

Al día siguiente de la muerte de Will, elementos de la Policía Federal Preventiva llegaron a Oaxaca y el 29 de octubre las fuerzas federales recuperaron el zócalo de la capital, los maestros aún participaban en el movimiento.

Después la unión que en un principio mantenía el magisterio y la APPO no era la misma, ya que la dirigencia de la Sección 22 seguía en las negociaciones con autoridades del gobierno federal y no así los integrantes de la asamblea popular que en varias ocasiones se negaron a asistir a esas reuniones pues manifestaban que la federación se empeñaba en mantener a Ruiz en el poder.

 Los maestros se declaraban desgastados “de los bolsillos” pues sus quincenas habían sido suspendidas por el Gobierno del Estado, que argumentó no poder seguir pagando el salario ante el incumplimiento frente a las aulas y la afectación sin clases a más de un millón de estudiantes de educación básica.

De manera sorpresiva para la APPO, tras una asamblea, el líder magisterial Enrique Rueda Pacheco anunció que en noviembre los maestros tenían que regresar a las aulas, pues la comisión política del magisterio había logrado con la federación la firma de un documento que garantizaba el aumento a su salario.

La ausencia

Al líder magisterial poco se le vio después del regreso a clases y justificaba su ausencia.

“Tenemos que ser cuidadosos por que hay órdenes de aprehensión en nuestra contra, federales y estatales”, argumentó.

Pero no solo dejó de hacer presencia en actos públicos, el dirigente de los maestros presentó su renuncia con carácter de irrevocable en noviembre del 2006 luego de que hizo regresar a los maestros a las aulas.

Sin dar la cara a sus agremiados, a través de un oficio, Rueda Pacheco aseguró que nunca vendió el movimiento. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. Los señalamientos se fueron en contra del Secretario General de la Sección 22. “Con Rueda o sin Rueda Ulises va pa fuera, traidor por que vendiste el movimiento”.

El corriente popular entonces se respaldó tras la figura de Flavio Sosa Villavicencio y los integrantes de la dirección política de la APPO, que permanecían apostados en un campamento en la explanada de Santo Domingo buscando la manera de lograr su objetivo político y demandas sociales. 

Casi un mes después, el 25 de noviembre, los integrantes de la APPO realizaron una marcha multitudinaria de la Casa Oficial hacia el zócalo, lugar que la PFP resguardaba desde octubre, tras la marcha los manifestantes acordonaron a los uniformados, pero solo fue por menos de una hora ya que luego se desató el enfrentamiento más crudo de el conflicto y los inconformes fueron desalojados definitivamente.

Cuentas pendientes

Desde ese día a la fecha para el gobernador Ulises Ruiz el conflicto político social quedó superado, sin tomar en cuenta que están pendientes 13 asesinatos, reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 23 para las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Aún permanecen 40 presos en los diferentes penales de estado y en el Altiplano donde se encuentra Flavio Sosa Villaviecencio. 

Tampoco se ha castigado a los funcionarios responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos de las personas que fueron detenidas y las demandas sociales nunca fueron cumplidas.

La APPO ahora se reduce a los voceros Florentino López Martínez, Cástulo López, así como las mujeres de la Coordinadora Oaxaqueña y las organizaciones no gubernamentales por la defensa de los derechos humanos.

La división al interior de la asamblea popular es evidente y lo han hecho público, a través de desplegados en medios de comunicación en donde denuncian que varios integrantes son protegidos por el propio gobierno estatal.

Desde el penal de Ixcotel, a través de una carta, David Venegas, alias “El Alebrije”, señaló que Florentino López ha sido detenido en varias ocasiones y liberado por que “tiene el apoyo desde arriba para seguir en libertad”.

En tanto, David Venegas ha sido señalado durante  las asambleas de la APPO como un policía del gobierno infiltrado en su movimiento.

El magisterio prácticamente está amagado por presidentes municipales y padres de familia seguidores de la Sección 59, que ante un nuevo intento de paro de labores les quitarán las escuelas. Y Ulises Ruiz sigue gobernando.

Aún con las fracturas y la ausencia de los líderes que iniciaron el movimiento magisterial popular, la Sección 22 y la APPO amenazan con nuevas movilizaciones para lograr sus demandas respectivas.

Parte de sus actividades programadas son el boicot a la Guelaguetza que cada año se realiza en el mes de julio, así como el voto de castigo para el PRI y PAN en los próximo comicios electorales a celebrarse en agosto y octubre para elegir a diputados y ediles municipales respectivamente.

 

Publicado: Año 3 / Junio de 2007 / No. 32



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