Las artimañas de Ulises

A penas a medio sexenio, el gobernador Ulises Ruiz ha realizado alrededor de 91 cambios, designaciones o nombramientos en su gabinete, sobre todo en el jurídico. En la Procuraduría General de Justicia (PGJO), inició Patricia Villanueva Abraham, después Lizbeth Caña Cadeza y actualmente Evencio Martínez Ramírez.

Patricia Villanueva, que actualmente es diputada federal, se fue sin resolver entre otros asuntos jurídicos el asesinato de Guadalupe Avila Salinas, ex candidata del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Pinotepa Nacional. 

Lizbeth Caña Cadeza fue nombrada como procuradora el primero de diciembre del 2006, en el cargo permaneció a penas un año y ahora es candidata plurinominal por una diputación local de la alianza de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM). Dejó pendientes los 13 asesinatos que se registraron durante el conflicto político social entre el magisterio, la APPO y el Gobierno del Estado, así como la respuesta a las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las corporaciones policíacas, entre ellas la ministerial, por supuestos abusos. 

En la Secretaría General de Gobierno, inició Jorge Franco Vargas, posteriormente Heliodoro Díaz Escárraga y ahora el ex legislador federal Manuel García Corpus.  El primero fue destituido días después de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Sección 22 de maestros exigían su salida pues lo acusaron de haber ordenado el desalojo del pasado 14 de junio.

Franco Vargas ahora es el número uno de la lista plurinominal para diputado local por la Alianza PRI-PVEM, entre los militantes de su partido se dice que le apuestan a que el quede como presidente de la siguiente legislatura, y de esa manera pueda controlar a los partidos políticos de oposición para cuidar que el gobernador Ulises Ruiz, no caiga.  

Heliodoro Díaz Escárraga se mantuvo por un tiempo muy breve en la Secretaría General de Gobierno y actualmente es el Presidente del PRI.

La Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), es otra de las dependencias en donde han desfilado varios funcionarios, incluso de organismos descentralizados. Juan José González Dávar inició con la administración de Ruiz, en poco tiempo lo sustituyó Alma López quien sólo estuvo algunas semanas y después llegó Lino Celaya Luría, quien presenció la clausura de su oficina por parte de la brigada móvil de la APPO; también fue acusado de planear los ataques de policías estatales a integrantes de la asamblea popular. Ahora la dependencia está al mando de Sergio Segreste Ríos, ex defensor de los derechos humanos, organismo descentralizado.

En la Dirección de Seguridad Pública, al inicio del sexenio ocupaba el cargo José Manuel Vera Salinas, que estuvo al mando del desalojo del pasado 14 de junio en contra de los maestros de la Sección 22. Un mes después del intento de despojo, Vera Salinas fue destituido y llegó Francisco Santiago José, y actualmente Pedro Ismael Díaz Laredo.

Costumbres priístas

El número de cambios en tan corto tiempo en el gabinete de Ulises Ruiz, reflejan la inestabilidad, descomposición y alteraciones en la administración pública de su gobierno. Además estos ajustes sólo corresponden a cumplir con ciertos pagos a las personas que han estado a su servicio.

Las viejas usanzas del PRI se siguen aplicando en Oaxaca, a través de los gobernantes que llegan al poder, y la de Ruiz no es la excepción, dijo el investigador en Ciencias Sociales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista.

“La historia que ejercen los políticos de Oaxaca está aplicada en base a que ellos siempre se mantengan en el poder  y el gobernante en turno pueda hacer ciertos pagos a los servicios que se les prestaron en el momento en el que el estaba como candidato”, señaló.

Los cambios más que para “establecer los puentes de comunicación entre la sociedad y el gobierno, atender los planteamientos de las organizaciones sociales, abatir los rezagos y ofrecer un diálogo permanente con todos los sectores –como lo asegura Ulises Ruiz en cada movimiento- corresponden a estrategias para que los mismos grupos que están en el poder se queden. Sin embargo, lejos de dar solución a los problemas dejan rezagos, pues no son cambios estructurales, “esos cambios no se realizan en Oaxaca”, indicó.

El también doctor en Ciencias Sociales argumenta que Ulises Ruiz no ha entendido que los movimientos al interior de su gobierno no serán la salida para que los oaxaqueños se olviden de los asuntos pendientes, por lo contrario dejan secuelas tal y como sucedió cuando estalló el conflicto magisterial popular, en donde muchas personas tuvieron ganas de manifestar sus demandas.

“Es una mera pretensión de simulación por que no alcanzan a justificarse las causas del conflicto, fueron muchas personas a las calles, ahí siguen pendientes y desafortunadamente la clase que gobierna Oaxaca piensa que es a través de remover personas como pueden resolverse los problemas, manifestó

 Además no son justos y son burlescos cada uno de las remociones que el mandatario oaxaqueño a realizado, “que no tienen otra finalidad más que adquirir cierta legitimidad ante grupos de poder, pero las reestructuración de este mismo poder ante el conflicto reciente que se tuvo eso no se atiende”, dice el académico.

Es una “burla” para los oaxaqueños, que lo que menos esperan es que en circunstancias graves “se quiten y se pongan funcionarios”, incluso de los tres poderes cuando se pregona que hay respeto a la división de los mismos, tal y como fue el caso del ex presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca, Jesús Ángel Díaz Ortega.

“Dejó su cargo por uno menor para convertirse en funcionario subordinado a un gobernador, y en el caso inverso de funcionarios que se van a legisladores (como el de la ex procuradora de justicia Lizbeth Caña Cadeza), no es justo, porque esto implica cierta burla a la voluntad popular. Se supone que los representantes vienen de estar actuando en la vida activa de la política y lo que observamos aquí es una imposición  burlesca que se emprende desde el mismo gobierno estatal”, agrega.

Imposición gubernamental 

También en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), son varios los funcionarios que han ocupado el cargo de director; Froilán Cruz Toledo, Emilio Mendoza Kaplan, funcionario que no logró negociar con los maestros, y por el contrario fue señalado de haber organizado a padres de familia para que se encargaran de ocupar los lugares en las escuelas de los maestros de la Sección 22 mientras éstos se encontraban en el plantón.

Abel Trejo González es ahora el director del IEEPO y ya fue rechazado por los padres de familia,  presidentes municipales y maestros de la Sección 59 del SNTE. El pasado mes de abril cuando la sección disidente se presentó en la casa oficial para entregar su pliego de demandas.

Los maestros exigían la presencia del gobernador Ulises Ruiz, gritaban consignas ¡La 59 lo apoyó y Ulises no cayó! además se negaban en ser atendidos por Trejo González, con el argumento de que él no era un funcionario que pudiera dar respuesta a su demandas, tal fue su enojo que empujaron al funcionario y cayó al suelo. Sin embargo Abel Trejo continúa como director del IEEPO.

El investigador Eduardo Bautista argumentó que tiene cierta lógica que el gobierno de Ruiz, sea sujeto de críticas negativas y de descalificación, dejando a un lado el conflicto popular, al interior de su gobierno no se demuestra seguridad ni mucho menos inteligencia con los funcionarios que se a empeñado en tener cerca de él.

Y es que una de las condiciones de la estabilidad es la permanencia de las personas que supuestamente están calificadas  para llevar las riendas de la administración pública. El Académico añade que lo que menos se esperaría es que se den estos cambios, que  suponen alteraciones en el gobierno.

Para corregir los problemas del estado oaxaqueño se tiene que ir más allá que el nombrar a funcionarios que además permanecerán por un tiempo breve en su cargo, no es la mejor manera de arreglar diferentes situaciones políticas, sociales o económicas, dice Bautista.

Acabar con los “vicios de  poder” es el primer problema al que se enfrenta un gobernante, pues cree que el estado que gobierna le pertenece, de tal manera que llega para acaparar y repartir lo que no es suyo.

“Oaxaca  se ha caracterizado por tantos movimientos en los gobiernos y esto ha sido histórico. Los puestos públicos se piensan en función de una distribución patrimonial, de posiciones que cada gobernador que llega piensa que el estado es su propiedad, y se pone a distribuir. A partir de eso, se forma toda una estructura de relaciones parentales y de compromiso de tipo personal, y en donde lo que menos importa es que si están calificados (los funcionarios) o tienen perfil para desempeñar cierta actividad”, dijo el investigador.

El gobernador Ulises Ruiz, ha declarado en varias ocasiones que “es atribución del gobernador del estado nombrar a los funcionarios públicos y no vamos a permitir ninguna presión, mucho menos vamos a caer en ese tipo de situaciones, cuando las dependencias requieran ajustes los voy a hacer para mejor su funcionamiento en pro de los oaxaqueños”.

Ha reiterado que “ejercerá esa facultad en el momento en que lo decida y sea necesario” y que su gobierno “no cederá a presiones ni a situaciones de otro tipo para el relevo de funcionarios de la administración estatal, pues por ley, el titular del Poder Ejecutivo es el único con las atribuciones para realizar los cambios en el gabinete o renovar a los titulares de las diferentes secretarías cuando así lo considere necesario.

.

Publicado: Año 3 / Junio de 2007 / No. 32